Todos con la Asociación Cannábica de Estudios Experimentales de Urola, a juicio por cultivar marihuana para sus socios

Esta asociación nació en 2010 para facilitar cannabis a sus socios y para realizar actividades informativas, científicas y de reducción de riesgos. Configurada como club, la Asociación Cannábica de Estudios Experimentales del Alto Urola (ACEE -AU), en Urretxu, Guipúzcoa, está compuesta por 176 socios, algunos con necesidades medicinales y todos consumidores previos de cannabis y mayores de 21 años.

La agrupación pone el asesoramiento jurídico y terapéutico necesario a disposición de sus socios y siempre ha tenido la intención de protegerlos del mercado negro, de las adulteraciones, del consumo compulsivo y del abuso. Sin embargo, el próximo 29 de septiembre, dos de sus miembros – su presidente, Gregorio Sancho Marchena, y su tesorero, Ramón José Parra – serán juzgados en la Audiencia Provincial de Donostia. Se les acusa de tráfico de drogas con daño leve para la salud después de que la Ertzaintza interviniera su cultivo y arrancara sus 400 plantas de marihuana (unos 12 kilos de hierba) en 2013.

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel y 350.000 euros de multa, algo que Sancho considera "desproporcionado", según ha explicado a Dinafem. De momento, y aunque han pasado varios años desde la redada, el presidente ha explicado que la asociación sigue activa y seguirá desarrollando su actividad mientras no sea declarada ilegal.

La suya es una historia ligada a las casualidades. Los miembros de esta asociación decidieron trasladar su cultivo de marihuana desde el casco urbano de Urretxu hasta una zona industrial para cumplir el código de buenas prácticas que deben seguir este tipo de agrupaciones (para no molestar a los vecinos con su actividad).

Sin embargo, y a pesar de las medidas de precaución que habían tomado, parece que la tecnología que utilizaban "no era lo suficientemente buena para enmascarar el olor" de tantas plantas de cannabis, que finalmente acabó llegando a las viviendas de los vecinos más cercanos.

Faltaban apenas dos días para recoger la cosecha cuando la policía decidió presentarse en el lugar de cultivo, sin orden judicial. Sancho asegura que siempre habían tenido buen trato con los vecinos y jamás se había producido ningún problema; e incluso que muchos dieron la cara por los miembros de la asociación cuando se produjeron los hechos. Todo fue un error. Al final, "cuando huele a marihuana, se crea mucha alarma social", explica.

Gregorio Sancho afirma que, ante ese tipo de situaciones, siempre colaboran con la policía. "Nuestra transparencia es total, nunca nos hemos escondido. Esa siempre ha sido nuestra política", asegura. Además, la asociación contaba con un peritaje que determinaba la cantidad de cannabis que podían cultivar y que indicaba que se necesitaban 42 kilos de hierba para abastecer a todos sus socios.

"Nosotros no consideramos que la cantidad de marihuana sea importante", explica el presidente. Dice que lo fundamental es que el producto no estaba destinado a su propio consumo ni iba a ser vendido a terceros, sino que era para el consumo de los socios. Por eso consideran "injusto" que se les juzgue por tráfico de drogas. "Desde luego, no somos camellos y no estamos traficando".

En ese sentido, Sancho asegura que cuentan con todo tipo de documentación que demuestra que cumplen con el código de buenas prácticas de la Federación Vasca de Cannabis (EUSFAC), que tienen contratos, acuerdos de cultivo y actas de previsión de cultivo y consumo. En el juicio, esperan que toda esa documentación sirva para demostrar que no actuaron de forma ilegal.

Les resulta difícil de creer que se les vaya a condenar. "Me imagino que resultaremos absueltos sin ninguna duda", opina Sancho. No obstante, si sucediera lo contrario, estaría dispuesto a ir a la cárcel por defender sus ideas.

El presidente de la asociación declara que su actividad es legal, que se ajusta al derecho y a la doctrina sobre consumo compartido del Tribunal Supremo. Aunque existe la opción de que, a pesar de salir absueltos, el fiscal recurra, lo considera improbable pues que el delito del que se les acusa "es muy leve".

De hecho, las buenas prácticas de esta asociación le preceden. Entre otras cosas, realizan un programa de radio sobre reducción de riesgos, así como talleres formativos de consumo responsable para los socios; y celebran simposios anuales sobre cannabis, aspectos jurídicos, sociales y terapéuticos. Asimismo, la A.C.E.E. (A.U) participa en la plataforma 'Regulación responsable' y en otras actividades dirigidas a regularizar y despenalizar el uso del cannabis.

Este es un ejemplo más de lo necesaria que es la regulación de los clubes cannábicos y de que ha llegado la hora de que los activistas españoles empiecen a exigir sus derechos con responsabilidad. Gregorio Sancho tiene esperanza y piensa que, con las iniciativas que están surgiendo, en 2 o 3 años se conseguirá algo parecido a esa regulación, aunque aún haya mucho que discutir.

Desde luego, piensa que sería injusto y cruel que se les condenara ahora, cuando se encuentran a unos pasos de una posible regulación en el País Vasco. "Seríamos como los últimos muertos de una guerra", sentencia.