La lucha por la legalización tras cerrar el Tribunal Constitucional el debate sobre el cannabis

Han sido muchas idas y venidas y todas para llegar al mismo punto: frenar la legalización del cannabis en España. A finales de 2017 el Tribunal Constitucional anuló la Ley Foral navarra destinada a regular los clubes de cannabis. El alto tribunal consideraba que esta ley autonómica copaba competencias del Estado al tratar de regular la marihuana. Así, creó una doctrina por la que ninguna comunidad autónoma podía legalizar los clubes de cannabis en todo el territorio español. Sin duda, un duro golpe para los consumidores de marihuana, que han visto cómo estas asociaciones han quedado ilegalizadas de la noche a la mañana.

Esta resolución llega después de que el pasado año el Consejo de Ministros recurriera varias normas relacionadas con la regulación de estos clubes que también se habían aprobado en País Vasco y Cataluña. Ahora, la suspensión total de la ley foral navarra también les afectará, al establecer un criterio que extiende la inconstitucionalidad a los demás casos. De nada sirvió que se argumentara que estas normas "establecen una cobertura legal para las actividades de consumo de cannabis invocando el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, el de asociación".

No fueron las únicas noticias jurídicas que han sembrado un oscuro panorama para el cannabis en España. Unos días previos a que el Tribunal Constitucional tildara de ilegal la regulación de los clubes cannábicos, el mismo órgano dictaba una resolución que, aunque en un principio parece una gran noticia, esconde una realidad bien diferente. Este tribunal amparaba a cinco miembros de la asociación bilbaína Ebers, condenados anteriormente por el Tribunal Supremo por un delito contra la salud pública.

Los argumentos del Constitucional

Este amparo se debió a que el proceso jurídico no se había llevado con la diligencia estimada. El máximo órgano jurídico español argumentaba su amparo alegando que se había vulnerado el derecho a la defensa de los condenados, pero no protegía su actividad. Es más, el Tribunal Constitucional defendía la interpretación del Supremo como "correcta, previsible y proporcionada" (se les condenó a multas e incluso unos meses de cárcel) y nada se decía sobre la regulación de su actividad.

La plataforma Regulación Responsable, que se han encargado de coordinar y financiar la defensa de Ebers, mostró su insatisfacción. "No estamos contentos con la resolución dado que el Tribunal Constitucional sale por la tangente y no entra a valorar la cuestión de fondo", expresaban en un comunicado poco después de conocer la resolución. "Este pronunciamiento basa la anulación de la sentencia y del auto del Tribunal Supremo en argumentos formales, perdiendo una oportunidad clave para aclarar la cuestión", critican.

 

Ante la desesperación por no encontrar respuestas convincentes en el panorama español, Regulación Responsable tiene claro que llegará hasta donde crea oportuno para que se regulen los clubes cannábicos en nuestro país. "Nuestra idea es continuar, por todos los medios a nuestro alcance, esta batalla jurídica hasta Estrasburgo", aseguran. Eso sí, están a la espera de que el Tribunal Supremo mueva ficha y se posicione, ya sea dando audiencia a los imputados de Ebers o bien absolviéndolos.

Ahora, la combinación de estas dos resoluciones del Tribunal Constitucional es desoladora para los clubes cannábicos, ya que determinan que su actividad es delictiva conforme al Código Penal y las comunidades autónomas no pueden hacer nada para evitarlo.

A la espera de otras resoluciones

A pesar de lo poco halagüeño del panorama no se pierde la esperanza con otras causas cannábicas pendientes por el Tribunal Constitucional, para las que se espera una respuesta en este 2018 y que también relaciona a otros clubes cannábicos conocidos como Pannagh y Three Monkeys.

La asociación vasca Pannagh lleva años luchando para que se les reconozca su actividad como es debido. Liderada por el activista Martín Barriuso, fue la primera en instalarse en España y han tenido varias causas judiciales.

Mientras las primeras se cerraron porque no había indicio de delito alguno, la última les ha generado muchos más problemas. En un primer momento, la Audiencia de Vizcaya les absolvió de todos los cargos; sin embargo, la Fiscalía llevó el caso al Tribunal Supremo, que les acabó condenando. Pero, de igual modo, a los acusados no se les oyó en una vista pública, lo que les sirvió para recurrir su caso a una instancia superior.

Ahora el Tribunal Constitucional les debe una respuesta, al igual que a la junta directiva de la asociación catalana Three Monkeys, a quien también se enjuició por causas similares. Sin embargo, no son las únicas causas relacionadas con la marihuana pendientes por resolver por este órgano.

En diciembre, el Tribunal Constitucional paralizaba la ley catalana que regulaba el cultivo y el transporte de la marihuana y quedaba pendiente de resolver si se correspondía a la Carta Magna. También, se suspendía la regulación de las asociaciones cannábicas en el País Vasco. En ambos casos, a instancias del Gobierno del Partido Popular, se espera una respuesta del alto tribunal, aunque las esperanzas de que sean mejores no son muchas.

Medidas en contra de la petición popular

Todo esto contrasta con el apoyo popular y político, que cada vez se hace más evidente. En España, unos 2,2 millones de personas entre los 15 y los 64 años afirmaron haber consumido marihuana en el último mes en encuestas realizadas entre diciembre de 2015 y abril de 2016 por parte del Ministerio de Sanidad. Más o menos se trata del 7,3 % de la población y contrasta con el 6,6 % que se obtenía en estudios de 2013.

También aumentan las asociaciones de ciudadanos que abogan por una legalización cannábica. Junto a los más de 800 clubes cannábicos repartidos por todo el territorio español, existen plataformas como la mencionada Regulación Responsable que trabajan por apoyar propuestas que regulen la producción y el consumo en España. Algo que sin duda demuestra el interés por la planta.

A todo esto se une un respaldo político que ha sido bien acogido por la comunidad cannábica. En febrero del año pasado Ciudadanos presentaba en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para regular la marihuana medicinal. La iniciativa, con el apoyo del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, se debatió en la comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados y dio lugar a una subcomisión para estudiar su idoneidad.

Entonces hubo voces en el PSOE que mostraron su acuerdo por el debate, mientras que el Partido Popular no puso ningún límite para su estudio. En el lado opuesto, Podemos acogió de buen grado la iniciativa y fue más allá al presentar, un mes más tarde, su propia PNL para una regulación integral del cannabis. 

Incluso muchos Gobiernos de las comunidades autónomas, como el vasco o el catalán, se han mostrado favorables a emprender por su cuenta la legalización. Ahora, con la nueva resolución del Constitucional, donde queda claro que la marihuana es competencia estatal, parece que nada tienen que hacer. Solo queda esperar que la lucha en la calle lleve otra vez el debate al Congreso para que así las leyes cambien en favor de esta planta, que cada día suma más seguidores.